La Fiscalía General de la Nación imputó a María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace con el Congreso, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en favor de congresistas. Según el ente acusador, se le atribuye el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos entre octubre del 2023 y marzo del 2024.

De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria habría recibido instrucciones de senadores y representantes a la Cámara integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para admitir proyectos contractuales en los que tenían interés. A cambio, los legisladores se comprometían a asistir y votar las operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda en julio del 2023. (Lea: Esto se sabe del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres)

Los contratos involucrados habrían beneficiado a obras en Cotorra (Córdoba) por $ 44.552 millones, Saravena (Arauca) por $ 32.500 millones y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por $ 12.353 millones. Benavides Soto habría participado en una reunión con el director de la UNGRD, Olmedo López, en la que se solicitó la gestión y celebración de estos proyectos en favor de los congresistas. (Lea: Se hicieron efectivas órdenes de captura contra Iván Name y Andrés Calle, por cohecho impropio y peculado)

Además, la exasesora habría entregado al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, los nombres de funcionarios territoriales y contratistas sugeridos por los congresistas. Estas acciones habrían facilitado el trámite contractual de las iniciativas promovidas por los parlamentarios, quienes posteriormente votaron favorablemente los créditos solicitados por el ministerio.

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