La Corte Constitucional les pidió a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que, en colaboración con el Inpec, implementen un plan para garantizar que todas las personas privadas de su libertad accedan a tratamientos oportunos y eficaces de salud.

Las medidas que se adopten deben procurar un esquema de observación, supervisión, control e ilustración, para evitar que se sigan presentando omisiones por parte de las entidades encargadas de suministrar servicios de salud en las cárceles, advirtió la Corte.

Esta labor debe ser acompañada por la Superintendencia de Salud, entidad a la que también ofició para que adelante investigaciones por la deficitaria respuesta que han recibido dos reclusos de cárceles de Bogotá y Guaduas (Cundinamarca).

“Por la salud del interno debe velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros”, recordó.

La corporación reiteró que la situación de las personas privadas de su libertad supone una especial vulnerabilidad, a causa de la limitación de algunos derechos fundamentales.

En el marco de la protección de estos derechos, la salud debe garantizarse, para no disminuir innecesariamente las condiciones que permitan sobrellevar una vida digna.

En enero pasado, la Defensoría y la Corte Constitucional les llamaron la atención a las autoridades carcelarias, por las precarias condiciones en las que viven los reclusos.

(Corte Constitucional, Sentencia T-417, jul. 8/13, M. P. Nilson Pinilla)