Los empresarios no pueden usar las sociedades para incumplir las normas que consideren inconvenientes o desatinadas, advirtió la Superintendencia Delegada para Procedimientos Mercantiles, en una sentencia reciente.

La entidad les ordenó a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) Tilava, Monicol y Agrocaxias restituir más de 2.000 millones de pesos al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).  Estas SAS fueron usadas por Mónica Colombia, empresa del mismo tipo, para evadir las restricciones relacionadas con el otorgamiento de incentivos a la capitalización rural.

Según el fallo, los accionistas de esta última sociedad se escudaron en la figura de la interposición societaria, con el fin de evadir los topes legales correspondientes.

Por eso, advirtió que “la creación de un grupo de compañías para sustraerse del cumplimiento de las limitaciones de la legislación agraria no puede ser considerada un propósito consentido por el ordenamiento jurídico colombiano”.

La superintendencia declaró la nulidad absoluta de los actos mediante los cuales las demandadas solicitaron tales incentivos.

(Superintendencia de Sociedades, Sentencia 2012801070 (66598), oct. 16/13)

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