Aunque existe un marco legal en el que se considera la capacidad de pago de las entidades territoriales, las instituciones financieras, que son las que van a desembolsar los recursos, deben exigir el cumplimiento de las condiciones y límites establecidos en las leyes 358 de 1997, 617 del 2000 y 819 del 2003, sobre presupuesto y racionalización del gasto público, so pena de invalidez del crédito. Así lo precisó el Ministerio de Hacienda, en concepto del 12 de marzo.