La Corte Constitucional estudia una demanda en contra del artículo 1º de la Ley 1821 del 2016, que consagra el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas al llegar a la edad de 70 años. La accionante argumenta una violación directa de la Constitución por desconocerse el régimen laboral especial de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y una omisión legislativa por no incluir a estos integrantes en las excepciones al retiro obligatorio. Igualmente, señaló que esta disposición desconoce la autonomía de la autoridad monetaria de Colombia, pues afecta la estabilidad y confiabilidad de las políticas económicas, impide la materialización de decisiones en el largo plazo con independencia del gobierno de turno y dificulta la coordinación de relaciones entre la autoridad financiera y el Ejecutivo.