Con el Decreto 512, el Gobierno facultó a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la emergencia económica declarada mediante el Decreto 417 del 2020. La norma precisa que las facultades otorgadas solo podrán ejercerse durante el término que dure dicha declaratoria.