Recientemente, el Ministerio de Hacienda modificó el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias en activos del extranjero y fijó un límite global del 30 % sobre el valor total de los cuatro tipos de fondos administrados por las AFP: conservador, moderado, de mayor riesgo y de retiro programado. En consecuencia, las inversiones en el exterior no podrán superar ese porcentaje consolidado.

La medida responde a la necesidad de reducir la brecha entre la inversión económica y el ahorro nacional, que, según datos del Dane del 2025, se ubicó en 19,7 % y 8 % del PIB, respectivamente. Por ello, el Gobierno busca promover la permanencia del ahorro dentro del país con el fin de financiar proyectos productivos. De esta manera, se pretende orientar el capital pensional hacia iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de los ingresos a nivel local.

ÁMBITO JURÍDICO consultó a expertos del sector para analizar los posibles efectos del decreto en los portafolios de inversión. (Lea: Este será el límite de inversión en el extranjero para los fondos de pensiones)

Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, señaló que la limitación a la inversión internacional podría afectar la diversificación, lo que incidiría en la relación entre riesgo y retorno. De igual forma, indicó que la medida podría derivar en estrategias menos eficientes y comprometer los rendimientos de largo plazo. Además, advirtió que el mercado local presenta restricciones estructurales, como su tamaño, su profundidad y la limitada disponibilidad de proyectos adecuados para canalizar inversión.

Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que las AFP deberán presentar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, un plan ante la Superintendencia Financiera para ajustar de manera gradual sus portafolios. En ese proceso, se priorizará que el flujo de nuevas cotizaciones se destine a inversiones nacionales hasta alcanzar el límite establecido. De forma paralela, se analizan posibles conflictos del decreto con la Ley 100 y otras disposiciones vigentes, así como el impacto de eventuales decisiones de la Corte Constitucional, lo que podría dar lugar a ajustes para garantizar coherencia en el sistema pensional.

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