El presidente Gustavo Petro criticó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar por ordenar nuevas pruebas dentro del proceso de revisión de la Ley 2381/24 (reforma pensional), inclusive dijo que el jurista “no quiere la ley pensional y busca aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

Ante este pronunciamiento, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación al considerar que acusar a la Corte Constitucional de promover un golpe de Estado y atribuir intenciones políticas a su presidente representan una amenaza a la autonomía de toda la Rama Judicial. (Lea: Corte decretó estas pruebas en estudio de reforma pensional)

“La solicitud de pruebas adicionales por parte del magistrado Ibáñez es un acto rutinario en el procedimiento que la Corte Constitucional adelanta y resulta indispensable para el análisis exhaustivo de los proyectos de ley que se someten a control judicial, por lo que su decisión está respaldada por el principio de necesidad de la prueba, elemento fundamental del debido proceso constitucional que el Gobierno Nacional está llamado a respetar”, dice la CEJ.

La organización advierte que deslegitimar a los magistrados y sugerir motivaciones ajenas a lo jurídico erosiona el equilibrio entre poderes y sienta un precedente peligroso para la democracia.

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