Por no contar con los requisitos legales, Consejo de Estado falló a favor de un funcionario escalafonado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que fue retirado del servicio, declarando la nulidad del acto administrativo y condenando a la entidad a reintegrarlo al cargo, cancelándole, además, los salarios y demás acreencias laborales dejadas de percibir. Para el alto tribunal, en el presente caso la Junta de Carrera Penitenciaria omitió el requisito de concepto previo, sobre el cual el  empleado pudiera ejercer su derecho de defensa, y únicamente se limitó a dar el voto de confianza al director de la entidad, para que este ejerciera su facultad discrecional de retirar o no a sus servidores de carrera.