La carga de demostrar que una relación laboral se escondió a través de contratos de prestación de servicios corresponde a la parte demandante, recordó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior al resolver el caso de un apelante que pretendía la anulación del fallo sin discutir la valoración probatoria efectuada por el tribunal para determinar si se configuraron o no los elementos de una relación laboral. La alzada se limitó a invocar una omisión en la práctica de las pruebas. Sin embargo, la corporación explicó que es improcedente el decreto de pruebas en segunda instancia cuando no concurra alguna de las cinco causales estipuladas en el artículo 212 de la Ley 1437 del 2011 (CPACA) sobre oportunidades probatorias (C. P. William Hernández Gómez).