Aunque no es la primera vez que se presenta esta iniciativa ante el Congreso de la República, los autores insisten que es de suma importancia su aprobación, para proteger a la mujer de cualquier tipo de discriminación laboral. La iniciativa busca prohibir la práctica de la prueba de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez como requisito o prerrequisito para cualquier parte del proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación laboral para cualquier cargo o empleo, sea este de carácter público o privado. Así las cosas, sólo se podrá solicitar la prueba de embarazo cuando se deban realizar actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo para la salud. Las empresas o entidades que omitan el cumplimiento de dicha prohibición podrían enfrentarse a multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales por cada caso comprobado. El proyecto de ley fue enviado a la Comisión Cuarta y se encuentra a la espera del informe de ponencia para primer debate.