La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que la persona cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual forma, este principio orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico. Por tal razón, explica la Sección Segunda del Consejo de Estado, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad estatal que el demandado incurrió el conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas, con el fin de obtener un beneficio del cual no tenía derecho (C. P. César Palomino Cortés).