En virtud de lo establecido en la Ley 1966 del 2019, el Ejecutivo expidió una norma para establecer las condiciones generales de adopción y ejecución de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado (ESE). Así, se regulan, por ejemplo, los parámetros de elaboración, presentación, viabilidad, ejecución, manejo y administración de los recursos, monitoreo seguimiento y evaluación de los programas saneamiento fiscal y financiero que adopten las ESE, categorizadas en riesgo medio o alto. Entonces, los recursos que distribuya la Nación y las entidades territoriales dispuestos por las leyes 1438 del 2011, 1608 del 2013 y 1797 del 2019 deberán destinarse prioritariamente a los programas de saneamiento fiscal y, en primer lugar, a las ESE de los niveles I. Así mismo, se establece que las empresas que incumplan con el programa y aquellas que estando con programa viabilizado inicien simultáneamente un acuerdo de reestructuración de pasivos no podrían volver a presentar dicho plan de saneamiento.