El clamor de muchas trabajadoras, desde los niveles más bajos hasta las ejecutivas más destacadas, por fin fue oído por el legislador: que ante el trabajo igual, hombres y mujeres ganen el mismo salario y tengan los mismos beneficios.

Así lo dispone la nueva Ley de Igualdad Salarial (L. 1496/11), recién sancionada por el Gobierno.

Esta norma es la respuesta a un fenómeno sociológico que no ha desaparecido por completo de culturas como la latinoamericana: el machismo, que se ha in-filtrado, incluso, en el ámbito laboral.

De forma general, la ley obliga a todas las empresas, públicas y privadas, a pagarles iguales salarios a hombres y mujeres, cuando desempeñen las mismas funciones.

En efecto, la máxima demostración de desigualdad laboral está en el pago de la remuneración. Es común la práctica de pagarles mejores salarios a los hombres en comparación con las mujeres, a pesar de que ocupen los mismos cargos.

Este hecho discriminatorio ha sido revelado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por organismos extranjeros, por estudios académicos y por las propias entidades del Estado.

En este sentido, la Ley 1496 se ajusta a las exigencias de la OIT y de movimientos feministas que han impulsado la igualdad de géneros en los espacios laborales.

Reformas concretas

La nueva normativa modifica varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, sobre un principio básico del Derecho Laboral, que no siempre se cumple: a trabajo igual, salario igual.

Las reformas particulares están encaminadas a regular el pago de salarios, el control sobre el cumplimiento de la ley y las sanciones por su incumplimiento.

Así, el trato diferenciado en la remuneración se presumirá in-justificado, a menos que el empleador demuestre el factor objetivo de diferenciación.

De otro lado, las empresas están obligadas a llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, en el que discriminen clase o tipo y forma contractual. El incumplimiento de esta disposición causará multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El Ministerio del Trabajo estará obligado a auditar a las empresas, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de igualdad salarial. Además, tendrá el poder sancionatorio, en casos de in-cumplimiento por parte de los empleadores.

Por todo lo anterior, se espera que, poco a poco, la ley se cumpla, con el fin de que se supere el escollo de la discriminación de género dentro de los espacios de trabajo.

En relación con los objetivos de la nueva ley, el Gobierno también expidió una serie de decretos que buscan promover acciones a favor del reconocimiento social y laboral de las mujeres.

El Decreto 4463 del 2011, por ejemplo, establece acciones para la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Y los decretos 4796, 4798 y 4799 del mismo año reglamentan la Ley contra la Discriminación de la Mujer
(L. 1257/08), con el fin de combatir la violencia y la discriminación por razones de género.

(L. 1496, dic. 29/11)