A raíz de los presuntos efectos adversos presentados por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, se radicó una propuesta que cuenta con ponencia favorable para segundo debate. La iniciativa modificaría la Ley 1626 del 2013 para establecer que las autoridades médicas y sanitarias solo aplicarán la vacuna VPH a las pacientes cuando estas o las personas que ejercen la patria potestad sobre ellas manifiesten por escrito su consentimiento y aceptación de la aplicación de dicho procedimiento médico. Adicionalmente, sería obligación de las autoridades administrativas y del personal médico informar de manera previa y detallada las consecuencias primarias y secundarias, benéficas y adversas, de la aplicación de la vacuna, así como las diferentes alternativas existentes para la prevención del cáncer cérvico uterino. En caso de que la mencionada información sea omitida, se podrán endilgar posibles responsabilidades médicas. Esta iniciativa pasa a estudio de la plenaria del Senado.