La Sección Segunda del Consejo de Estado negó el reconocimiento de la prima de antigüedad reclamada por un extécnico administrativo de la Universidad del Atlántico, suprimida de su salario desde septiembre del 2006. Según el alto tribunal, el estatuto del profesorado de dicha universidad, que estableció esa prestación en favor de los docentes, fue un instrumento proferido por el consejo superior, entidad que no tenía competencia para crear factores salariales a favor de los empleados públicos, puesto que el régimen salarial y prestacional de estos funcionarios debe ser fijado por el Gobierno Nacional, conforme a los criterios generales que determina el Congreso, según la competencia otorgada por el artículo 150 de la Constitución Política (C. P. Carmelo Perdomo).