El adelantamiento de investigaciones y la imposición de sanciones disciplinarias que cumplan con las garantías propias del debido proceso no pueden confundirse como situaciones de acoso laboral, pues, explica un fallo reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la finalidad de la potestad disciplinaria no es otra que la prevención y la buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado relacionados con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro (C. P. Rafael Francisco Suárez).