Si el trabajador tiene el objetivo de que la decisión del empleador sea declarada ineficaz y se demuestre que fue despedido y que estaba discapacitado, emerge a su favor la protección legal que revierte la carga de la prueba en el empleador, a quien le corresponderá probar que las razones invocadas para prescindir de dichos servicios no fueron las concernientes a su estado de salud y que, por ende, se hallaba exonerado de agotar los mecanismos legales protectores de dicho sector de la población, como sería la existencia del permiso ministerial (M.P. Jorge Prada Sánchez).