En carta enviada a los magistrados de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la contralora general de la República, Sandra Morelli, alertó por las eventuales irregularidades que se consolidarían si esa instancia judicial aprueba el acuerdo conciliatorio suscrito entre la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y Saludcoop EPS para la revocatoria de las resoluciones 296 y 983 del 2010, mediante las cuales se ordenó convertir más de $ 318.000 millones invertidos en activos fijos e infraestructura en dinero líquido para la atención de los afiliados. Según el ente de control, el fallo sentaría un precedente judicial grave, pues, entre otros efectos, se entendería que, basados en este caso, los entes de supervisión y control podrían conciliar las decisiones que adopten contra sus vigilados, bajo la justificación de que los intereses económicos de la Nación podrían verse afectados en caso de presentarse una demanda de nulidad y restablecimientos del derecho contra los actos que las impusieron. “En ese orden de ideas, será preciso que autoridades de distinto orden establezcan, en la esfera de sus competencias, si el acuerdo conciliatorio que ahora nos ocupa configuró, para los participantes, una actuación contraria a Derecho, de la que se pudo derivar un injustificado favorecimiento o provecho a unos particulares”, añade la misiva.