Establecer la suma de 220 salarios mínimos legales mensuales, como cuantía para acceder al recurso de casación en materia laboral, hace parte del principio de libre configuración normativa y está acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que no se desconocen los derechos de los trabajadores. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 48 de la Ley 1395 del 2010. El Ministerio Público explicó que el recurso de casación es extraordinario y solo puede ser utilizado para impugnar determinadas sentencias judiciales, cuando se vulneran normas sustanciales o cuando se quebrantan normas que establecen requisitos esenciales de procedimiento, por lo que no se coarta el derecho de acceso a la administración de justicia. Añadió que tampoco se vulnera el principio de igualdad por cuanto la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso, es decir, para el trabajador o el empleador.