La Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de explicar que las personas que han percibido de buena fe prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la Administración no están en obligación de devolverlas, recordó el alcance del postulado de la buena fe en materia administrativa. Justamente, resaltó que este principio hace referencia a que el poder público no puede defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente en su actuación, en razón a que se fundamenta en criterios sólidos e incuestionables que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede, entonces, deducirse de manera subjetiva, suponiendo intenciones no objetivas, aclaró (C. P. Rafael Francisco Suárez).