Si el representante legal de una empresa encomienda a un tercero para que actúe en su nombre, como es el caso de comparecer a las audiencias de conciliación, el mandatario deberá aportar el poder que lo acredita para actuar como tal ante el funcionario y el certificado de existencia y representación de la persona jurídica, expedido por la entidad competente. En caso de no demostrar dichas condiciones, la diligencia estará llamada a fracasar y será suspendida mientras se aportan los documentos pertinentes, precisó el Ministerio de la Protección Social.