Proponen exámenes periódicos de consumo de drogas ilícitas para ciertas profesiones (9:42 a.m.)

El objetivo específico de la iniciativa es descriminalizar el porte y consumo de la dosis personal de sustancias sicoactivas ilícitas y dar un enfoque de salud pública al consumo de drogas. En primer lugar, se establecería la presunción de legalidad al porte de la dosis mínima. Es decir, se presumiría que el porte de estas sustancias es para uso personal, cuando no supere la cantidad que determine el Gobierno Nacional como dosis mínima, siempre y cuando la intención de quien la porte no sea su comercialización o distribución gratuita. Así, se facultaría al Ejecutivo para que determine la cantidad que se considerará dosis mínima  de estupefacientes y sustancias psicoactivas ilícitas. Se plantea que hay ciertas profesiones que ameritarán la práctica de exámenes periódicos o aleatorios para descartar el consumo de sustancias sicoactivas ilícitas, lo anterior en consideración a su trascendencia social o potencial peligro para terceros, como por ejemplo la manipulación de armas de fuego, tales como las desarrolladas por las fuerzas militares o de policía y servicios de seguridad privada; conducir vehículos automotores para el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial de servicio público o de uso particular; funcionarios y servidores públicos; operarios de maquinaria pesada; médicos, instrumentadores, enfermeros y toda actividad que implique el cuidado, guarda o custodia de menores de edad. En ese sentido, a la persona que desarrolle alguna de estas actividades y porte o consuma sustancias estupefacientes o sicotrópicas se le aplicará la sanción correspondiente. Adicionalmente a lo anterior, se propone la institucionalización de la política pública de atención integral al adicto, cuyos componentes deberán estar enfocados a la prevención, mitigación y superación de la situación, para lo cual se deben establecer los programas y campañas enfocados en la prevención del consumo. Por último, se plantea la posibilidad de que el Estado suministre gratuitamente, en ambientes controlados, en el curso de un tratamiento  médico de  rehabilitación, sustancias psicoactivas o estupefacientes a los pacientes cuando el tratamiento así lo requiera.