Por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, y sin la correspondiente sanción, el Gobierno devolvió al Congreso la iniciativa que tiene como objetivo modificar el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que indica las excepciones a la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social. Es de recordar que este texto adicionaría un parágrafo para indicar que los funcionarios civiles o no uniformados serán incluidos en el régimen de seguridad social de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y que los aportes realizados a los fondos de pensiones por estas personas serán trasladados a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. El Ejecutivo señala que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución, la fuerza pública está integrada de manera exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Además, destacó que resulta equivocado equiparar, para efectos prestacionales, al personal civil no uniformado con los miembros activos de dichas instituciones, tal y como lo hace el proyecto de ley. En conclusión, según el Gobierno, el proyecto vulnera el criterio de sostenibilidad fiscal del artículo 334 de la Constitución y el artículo 7° de la Ley 819 del 2003, toda vez que impone una carga financiera a la Nación que no está en condiciones de soportar y no se encuentra respaldado financieramente.