La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma que no reconoce como servidoras públicas a las madres comunitarias, pues considera que no otorgarles esa calidad va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital de quienes desarrollan esa labor. Al rendir concepto sobre la constitucionalidad de la ley que dictó normas en materia tributaria para este oficio (artículo 36 de la Ley 1607 del 2012), el Ministerio Público indicó que no es constitucionalmente admisible que por más de 30 años el Estado haya empleado a una cantidad considerable de mujeres para prestar un servicio público y a la vez desconozca sus derechos laborales. Lo anterior por no destinar los recursos suficientes para remunerar sus labores de manera regular.