Hay que comenzar explicando que las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales, continuaron vigentes; así  mismo, se debe recordar  que  las personas que antes de su entrada en vigor reunieran los requisitos para pensionarse, conforme a tales ordenamientos, tienen el derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos. Así las cosas, el Consejo de Estado consideró importante precisar que “su jurisprudencia ha admitido que dentro de las disposiciones del orden territorial quedaron también incluidas las regulaciones de las convenciones colectivas de trabajo”.