A través de la Ley 1949 del 8 de enero, el Gobierno estableció varias disposiciones que fortalecen la capacidad de la Superintendencia de Salud en materia sancionatoria. Adicionalmente, redefine las competencias de la entidad en cuanto al reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa y en lo que se refiere a la función jurisdiccional y de conciliación. Con el fin de garantizar la efectiva prestación a los usuarios del sistema de salud se precisan asuntos en los cuales la entidad podrá conocer y fallar en derecho y con las facultades propias de un juez. Las multas impuestas serán apropiadas en el presupuesto general de la Nación como recursos adicionales y para cada vigencia el Gobierno determinará el porcentaje del recaudo total de multas que se destinará a la sostenibilidad financiera del sistema de salud.