La obligación de las EPS, ARS y empresas de medicina prepagada de contratar una red de prestadores de servicios que cumpla con las exigencias previstas en la ley para su habilitación e inscripción en el registro correspondiente y la verificación de esos requisitos no constituye una delegación de funciones de inspección, vigilancia y control que sea ilegal o inconstitucional. Así lo determinó recientemente la Sección Primera del Consejo de Estado, al negar la nulidad de una circular de la Superintendencia Nacional de Salud que imponía estas obligaciones (C. P. María Claudia Rojas).