El Ministerio de Justicia adicionó un capítulo al Decreto 1069 del 2015, único reglamentario del sector, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La norma señala que los detenidos y los menores de tres años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión deberán recibir obligatoriamente los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. El esquema allí definido se implementará de forma gradual. La implementación total se hará en un tiempo no mayor a ocho meses contados a partir del 1° de diciembre del 2015. Estas nuevas disposiciones derogan el Decreto 2496 del 2012, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de salud a dicha población. Sin embargo, la norma mantendrá vigencia para efectos del aseguramiento en salud de la población a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal, así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación.