El Consejo de Estado recordó que por medio del Decreto 1586 de 1989 se ordenó la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que era una empresa de carácter industrial y comercial al servicio del Estado. Una de las medidas especiales adoptadas fue la derogación de las normas sobre pensiones de jubilación, invalidez y vejez aplicables a trabajadores y empleados ferroviarios. El alto tribunal explicó que los funcionarios a quienes se les cambió intempestivamente su régimen de trabajador oficial a empleado público tendrían derecho a las prerrogativas extralegales, pero solo por el término de la convención colectiva y sin tener en cuenta sus prórrogas (C.P. Luis Rafael Vergara Quintero).