El Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto cambios en el sistema judicial laboral para adaptarse al nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Ley 2452/25) que entra en vigencia el próximo 6 de abril. En ese sentido, a partir de mañana 2 de abril, cambia la denominación de los juzgados de pequeñas causas laborales, así como de aquellos creados mediante el Acuerdo PCSJA26-12371 del 2025, en juzgados laborales municipales.

Así mismo, el alto tribunal dispuso que en aquellos municipios donde no exista la especialidad de juzgado laboral municipal deberá cerrarse de manera definitiva el reparto laboral para los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple, en materia civil. En estos casos, el reparto será redirigido a los juzgados laborales del circuito, civiles del circuito o promiscuos del circuito, según corresponda (Lea: Expertos analizan el nuevo Código Procesal Laboral, entra en vigencia el 2 de abril).

Las direcciones seccionales de administración judicial y las oficinas de coordinación administrativa, en conjunto con la Unidad de Transformación Digital, deberán configurar los sistemas de información y de reparto judicial. A partir del 6 de abril, el sistema deberá canalizar hacia los juzgados laborales municipales exclusivamente los asuntos que no superen los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En cuanto al régimen de transición, los procesos judiciales laborales sometidos a reparto hasta hoy 1 de abril continuarán su trámite y deberán ser decididos de fondo por los despachos asignados originalmente. Los juzgados que venían conociendo de estos asuntos bajo la vigencia de normas anteriores mantendrán la competencia transitoria de manera exclusiva para liquidar la totalidad del inventario que les fue repartido hasta la fecha mencionada.

Claudia Expósito Vélez, vicepresidenta de la corporación, precisó que se han venido preparando para garantizar una adecuada implementación del nuevo código. Adicionalmente, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla avanza en un plan de formación integral para capacitar tanto a servidores judiciales como a abogados litigantes.

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