Para la Sección Segunda del Consejo de Estado no existe ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria. Por el contrario, y recordando la jurisprudencia constitucional, concluyó que este es un derecho de carácter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados. De no ser así, se produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad que constituye un trato discriminatorio (C. P.  William Hernández Gómez).