El Decreto 1791 del 2000 estableció las condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que  la vinculación o la homologación a este sistema no conlleva la vulneración de derechos adquiridos, en tanto para ingresar debía mediar solicitud del interesado, esto es, se dejaba a discreción de este, de modo que el postulante era quien debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses. Finalmente, el alto tribunal concluyó que dicho régimen, analizado en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y agentes de la institución, es decir, el Decreto 1213 de 1990 (C. P. Rafael Francisco Suárez).