El Ministerio del Trabajo dio a conocer un proyecto de decreto que crearía el programa “Incluir para Trabajar”, el cual tendría como objetivo de garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La medida respondería a mandatos legales, compromisos internacionales y una reciente sentencia del Consejo de Estado que ordena reglamentar integralmente el artículo 13 de la Ley 1618 del 2013. 

El programa busca articular las acciones de distintas entidades estatales bajo una estrategia nacional coherente, enfocada en la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito laboral.

La nueva política establecería principios orientadores como la dignidad humana, el enfoque diferencial, la accesibilidad universal, la participación efectiva y la sostenibilidad económica. Su implementación sería obligatoria para todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, así como para empresas privadas que se beneficiarían de incentivos establecidos en el decreto. Se incluiría una ruta integral de acceso y permanencia laboral que contemplaría orientación ocupacional, formación profesional, ajustes razonables y acompañamiento poscontratación, con un énfasis en la eliminación de barreras estructurales y actitudinales. (Lea: EXTRA: Lista la ponencia para último debate de la reforma laboral)

El programa también contemplaría el fortalecimiento del emprendimiento inclusivo mediante acciones como capacitación técnica, créditos con condiciones preferenciales, comercio electrónico accesible y ferias comerciales. Las unidades productivas lideradas por personas con discapacidad recibirían asistencia técnica, promoción institucional y prioridad en compras públicas. Asimismo, se promoverían negocios inclusivos y empresas sociales a través de incubadoras, líneas de financiamiento y reconocimiento mediante una certificación oficial.

Para estimular el empleo formal, se mantendrían y ampliarían incentivos como subsidios a la contratación, beneficios tributarios, reducción de costos laborales y apoyo a la formalización de independientes. Además, se fortalecerían mecanismos en la contratación estatal para que empresas que empleen personas con discapacidad obtengan puntaje adicional. Estas medidas buscan garantizar el goce efectivo del derecho al trabajo en condiciones de equidad y respeto por la diversidad funcional, promoviendo un cambio estructural en el acceso al empleo.

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