Presidencia de la República publicó una directiva con medidas para garantizar la estabilidad y adecuada prestación de servicios en el sistema pensional, especialmente respecto de personas adultas mayores, prepensionados y sujetos de especial protección constitucional.

El objetivo es proteger las expectativas de los ciudadanos sobre el traslado excepcional de régimen y el acceso a recursos de los afiliados, ante la suspensión provisional de la Ley 2381/24 por parte de la Corte Constitucional y del Decreto 415/26 por el Consejo de Estado.

El Gobierno insiste en respetar la independencia y autonomía de la Rama Judicial y reconoce el carácter obligatorio de las decisiones judiciales, pero a la vez ordena a la Superintendencia Financiera vigilar los efectos del régimen de transición pensional. (Lea: Rama Judicial rechaza pronunciamientos del presidente Petro contra fallo de Colpensiones)

Por otro lado, los ministerios del Trabajo y de Hacienda, la Superfinanciera y Colpensiones coordinarán la continuidad en la prestación del servicio público de seguridad social en pensiones y brindarán información clara, suficiente y oportuna a la ciudadanía. (Lea: ANÁLISIS: El entramado detrás del debate sobre la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026)

A la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se le encargó la evaluación técnico-jurídica de los mecanismos que permitan defender el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y la sostenibilidad financiera y estabilidad institucional del sistema pensional. (Lea: Gobierno y Colpensiones alistan recurso tras suspensión de decreto pensional)

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