En los últimos días se concretó una alianza entre la Defensoría del Pueblo y la Función Pública para elegir, por méritos, a los próximos 4.200 defensores de oficio que contratará el Ministerio Público en todo el país, por un lapso mínimo de dos años. Aunque aún no hay una fecha concreta de apertura para las inscripciones, por ley de garantías, se conoció que los interesados presentarán dos pruebas diferentes: (i) Conocimientos, diseñada por una institución académica, idónea y experta en todas las áreas del Derecho como penal, derechos humanos y relacionados y (ii) Competencias laborales, esta solo será presentada por aquellos postulantes que hayan alcanzado o superado el puntaje necesario de aprobación y que está a cargo del Grupo de Meritocracia de Función Pública. Una vez se conozcan los resultados de ambas mediciones se organizarán los puntajes en estricto orden de méritos y se entregarán al Defensor del Pueblo, quien se encargará de llevar a cabo el proceso de vinculación. Por el momento, ambas entidades del Estado se encuentran diseñando el perfil o las competencias que deberán tener los próximos defensores públicos de oficio. Algunos de los requisitos exigidos para la inscripción son ser abogado con mínimo cinco años de experiencia en litigio, o dos años en caso de tener alguna especialización.