El Gobierno sancionó la ley que establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública para los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. Esta ley clasifica a los vendedores informales de la siguiente manera: ambulantes, semiestacionarios, estacionarios, periódicos y ocasionales o de temporada. Los ministerios del Trabajo y del Interior serán las entidades encargadas de la elaboración de la política en un plazo de 12 meses. Dentro de los lineamientos está desarrollar programas de capacitación a esta población en diversas artes u oficios (a través del Sena), establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de su situación socioeconómica, impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores y desarrollar un sistema de registro e inscripción de los mismos, que permita caracterizarlos para la elaboración de las líneas de acción y programas que integran la política pública.