La utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro de la actuación administrativa y que desemboca en el reconocimiento de un derecho pensional permite desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable la recuperación de los dineros pagados de manera indebida. Entonces, aclara el fallo, para cada caso concreto, deberá el juez verificar a la luz de las pruebas regularmente aportadas al proceso si la actitud del demandado en sede gubernativa o para los efectos de la consecución del derecho se aparta de los postulados del principio de la buena fe y si son determinantes en el resultado final de la actuación (C. P. Sandra Lisset Ibarra).