La estabilidad laboral reforzada no protege exclusivamente a quienes presentan una pérdida de capacidad laboral (PCL) calificada, sino también a aquellas personas que tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores y que, por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios, precisó la Corte Constitucional. Además, recordó que este escenario sitúa a la persona en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, sino además porque le dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades humanas. En virtud de ello, explicó que se deben cumplir tres condiciones para que opere aquella garantía, que son: (i) que la condición de salud del trabajador le impida o dificulte el desempeño de sus funciones, (ii) que dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido y (iii) que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).