Así lo recordó la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de explicar que dicha figura asociativa no fue creada por el legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al punto que, por mandato legal, las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. No obstante, el alto tribunal recordó que quien alega la configuración o existencia de un contrato realidad con uno de estos entes, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la legislación consagra para la configuración de una relación laboral (C. P. Sandra Lisset Ibarra).