Cuando una EPS niega el pago de una incapacidad laboral porque los aportes se hicieron de manera extemporánea, sin haber realizado un requerimiento de pago previo y, además, la ausencia del pago de la incapacidad vulnera el derecho al mínimo vital o vida digna del usuario, la acción de tutela se convierte en el medio de defensa adecuado para proteger los derechos fundamentales involucrados, señaló la Corte Constitucional. Aunque uno de los requisitos para reconocer dichas licencias es haber cancelado oportunamente, se puede aplicar el principio de buena fe bajo la teoría del allanamiento a la mora, si la EPS no hizo un requerimiento o negó la aceptación del pago. Por tal razón, amparó el derecho al mínimo vital de una mujer a la que se le negó el reconocimiento de su incapacidad, porque sus aportes como independiente los realizó de manera extemporánea. En el fallo, la corte recordó que como el subsidio económico por incapacidades por enfermedad general está cobijado por el POS, resulta improcedente ordenar el recobro de la EPS accionada ante el Fosyga (M. P. Luis Ernesto Vargas).