Los traslados, como forma de provisión de cargos públicos, bien se trate de empleados de carrera, de libre nombramiento y remoción o en provisionalidad, no pueden implicar condiciones menos favorables, no solo en aspectos objetivos como salarios, prestaciones, nivel del cargo, funciones, etc., sino subjetivos, como costo de vida y relaciones familiares, entre otros. Así las cosas, si se produce una disgregación del núcleo familiar existe una desmejora de las condiciones del servidor público trasladado. Así lo señaló el Consejo de Estado al declarar la nulidad de dos resoluciones de la Fiscalía General que decretaron el traslado de un funcionario desde Manizales a Pasto (C. P. Luis Rafael Vergara Quintero).