Johanna Gómez Castro
Doctoranda en Economía, docente de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana

En Colombia, 2.418.378 personas –el 5 % de la población– tienen alguna discapacidad, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2024. De este total, el 51 % son mujeres y el 49 % hombres. Sin embargo, solo 1 de cada 5 participa en el mercado laboral, lo que refleja una exclusión persistente y estructural.

La fuerza de trabajo con discapacidad asciende a 498.411 personas, de las cuales 443.965 están ocupadas y 54.446 desempleadas. La participación femenina en esta fuerza laboral apenas alcanza el 40 %, lo que evidencia las barreras adicionales que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a un empleo.

Las cifras muestran que más de la mitad de las personas con discapacidad ocupadas trabajan por cuenta propia, el 26 % se encuentra en el sector privado y apenas el 3 % en el sector público. El trabajo doméstico remunerado representa un 4 % de la ocupación, y recae de forma abrumadora en mujeres (15.731 frente a 943 hombres). En la estructura de los hogares, el 62 % de las personas ocupadas con discapacidad son jefes o jefas, el 18 % son esposos o compañeros y el 12 % hijos o hijastros.

En promedio, los hombres con discapacidad trabajan 46 horas semanales, mientras que las mujeres lo hacen 41. La mayor carga horaria se concentra entre los 29 y 48 años, pero la brecha de género persiste, con diferencias de hasta seis horas a la semana. En los mayores de 60 años, la brecha es más pronunciada: ocho horas de diferencia entre hombres y mujeres.

La informalidad es, sin duda, uno de los problemas más graves. El 73 % de las personas con discapacidad ocupadas se encuentran en empleos informales, lo que implica que el 94 % de ellas no cotiza a pensión. Esta situación las deja expuestas a una alta vulnerabilidad económica en la vejez. En contraste, entre quienes tienen empleo formal, el 81 % sí cotiza, aunque también aquí existe una ligera brecha de género. La informalidad está estrechamente vinculada con bajos niveles educativos: la mayoría de los trabajadores informales tienen primaria incompleta o no cuentan con educación formal. En cambio, en el sector formal hay una mayor proporción de personas con formación universitaria y posgrados, destacando que las mujeres superan a los hombres en niveles de especialización y maestría.

Pero la exclusión laboral de las personas con discapacidad no se limita a los ingresos o a la formalidad. La investigación presentada en el libro Calificación, origen, capacidad laboral y ocupacional en Colombia: diagnóstico, reformas y justicia social, lanzado el 31 de julio por el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y CODEES, advierte sobre los costos invisibles que este fenómeno genera. Estos costos no son únicamente económicos: también se traducen en tiempo de cuidado no remunerado que recae, de forma desproporcionada, en las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2020-2021, las mujeres con discapacidad o enfermedades permanentes dedican más del doble de horas que los hombres a estas labores. En promedio, destinan 16 horas semanales al suministro de alimentos frente a 8,5 horas de los hombres, 15,4 horas al cuidado y apoyo a personas frente a 11.2 horas masculinas, y más de 10 horas a la limpieza del hogar frente a 8,8 horas de ellos.

Incluso en condiciones de salud adversa, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta carga limita sus posibilidades de acceso a un empleo remunerado, reduce su acumulación de aportes para pensión y perpetúa un círculo de vulnerabilidad económica que se traspasa de generación en generación.

El libro propone reformas urgentes para enfrentar esta realidad: crear un sistema integrado de información que agilice trámites y permita la interoperabilidad entre entidades; fortalecer las juntas de calificación con más autonomía, recursos y formación especializada; reglamentar la etapa de primera oportunidad con plazos y procedimientos claros; promover la rehabilitación laboral con empleos dignos y adaptados, y diseñar políticas con perspectiva de género y discapacidad.

La exclusión laboral de las personas con discapacidad en Colombia es más que una estadística: es una deuda de justicia social. Combinar empleo formal, redistribución del cuidado y adaptaciones laborales no es solo una meta, sino una necesidad impostergable para reducir los costos ocultos que hoy asumen las familias y para construir un país más inclusivo y sostenible.

Siga nuestro canal de WhatsApp

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.