Procede de manera excepcional la acción de tutela contra actos administrativos que decidan el traslado de funcionarios judiciales por razones de salud, aun cuando los mismos podrían recurrirse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y ser objeto de las medidas cautelares previstas en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, concluye una providencia reciente de la Corte Constitucional, en caso de que el juez de tutela advierta que dicho acto presuntamente está afectando los derechos que se derivan de la carrera judicial y potencialmente deriven en una afectación al derecho a la salud del accionante (M. P. Alejandro Linares).