Al conocer de una demanda interpuesta por una persona con VIH que pretendía el reconocimiento de la pensión de invalidez, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, a pesar de tener por fundamento la historia clínica y los exámenes médicos del paciente, no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable para acceder a la prestación. La Sala concluyó esto porque es el juez quien debe determinar el estado de invalidez, el origen de la enfermedad o el accidente, su fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de acuerdo a la libre apreciación de las pruebas. Por último, señaló que respecto de las patologías degenerativas la fecha en que éstas se descubren no corresponden al momento en que el individuo perdió su capacidad laboral, pues puede continuar activo en el mercado laboral.