La existencia de un contrato realidad de naturaleza laboral hizo que la  Sala Plena de la Corte Constitucional ordenara el pago de prestaciones sociales a una peticionaria que estuvo vinculada a un programa de inclusión de personas en condición de discapacidad, previsto en el plan de desarrollo vigente en la anterior administración distrital de Bogotá. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto. Encuentre tanto el caso completo y todas las consideraciones que tuvo en cuenta el alto tribunal en el documento adjunto a esta nota (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).