El Gobierno sancionó la ley que busca priorizar los derechos de atención en salud y promover el acceso al trabajo de las personas víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel. Esta nueva norma modifica el artículo 5º de la Ley 1639 del 2013. Entre los aspectos más relevantes, establece que: (i) los afectados con dichos ataques deberán ser consideradas víctimas de enfermedad catastróficas; (ii) los tratamientos requeridos no tendrán costo alguno y estarán a cargo del Estado, agotando, en primera instancia, los cargos que procedan a pólizas de salud, medicina prepagada o al Sistema General de Seguridad Social en Salud; (iii) las EPS no podrán suspender el tratamiento, negarlo o retrasarlo; (iv) la EPS o la entidad que ejerza sus funciones garantizarán al afiliado en menos de 24 horas todo lo solicitado por el médico tratante para su atención; (v) el Gobierno deberá capacitar al personal estatal que esté encargado de la atención a las víctimas y (vi) Medicina Legal y la Superintendencia de Salud rendirán un informe anual a la Comisión Séptima del Senado y la Cámara, dando cuenta del número de víctimas de este delito.