Una providencia reciente de la Corte Suprema de Justicia explica que las convenciones colectivas de trabajo no son normas de alcance nacional, toda vez que no son una manifestación de la potestad normativa del Estado. Y es que al ser un producto de la autonomía de la voluntad de empleadores y trabajadores y, así mismo, explicarse desde una filosofía contractualista su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable. Sin embargo, la jurisprudencia ha abordado el estudio de las convenciones colectivas de trabajo en el recurso de casación y ha conseguido armonizar los requisitos de orden público de la ley procesal laboral, para considerarla como una verdadera fuente formal del derecho. En esta línea, la convención adquiere una doble dimensión en la casación: es una prueba y es fuente de derecho objetivo. Es una prueba, en la medida que su existencia debe ser acreditada por las partes y, es una fuente de derechos, en tanto que de ella se desprenden facultades, deberes, obligaciones y derechos de las partes (M. P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa, magistrado de descongestión).