La comisión accidental designada para estudiar las objeciones presidenciales al proyecto por medio del cual se busca definir lineamientos para desarrollar una política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento pidió a las plenarias negar los reparos del Ejecutivo. Según la comisión, la iniciativa no plantea un desconocimiento de la política pública de derechos sexuales y reproductivos vigente, por el contrario, lo que promueve es la construcción de una política pública específica, diferencial y especial de infertilidad para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos bajo los componentes investigativos, preventivos, educativos, de diagnóstico y tratamiento y de adopción. Además, el texto atiende las exhortaciones dadas por la Corte Constitucional al Gobierno en la Sentencia T-528 del 2014, con el fin de que revise la situación que enfrentan las personas que padecen de infertilidad y no cuentan con recursos económicos para costear los tratamientos de reproducción asistida.