La comisión accidental sugirió a las plenarias del Congreso no acoger las objeciones presidenciales por inconveniencia parciales presentadas en contra del proyecto de ley por medio del cual se amplían las posibilidades para retirar las cesantías. Como se recordará, el objeto de la iniciativa es la adición de la Ley 50 de 1990, para que el trabajador afiliado a un fondo de cesantías pueda retirar las sumas abonadas para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad. El Ejecutivo había objetado la iniciativa por considerar que la redacción del articulado era un poco ambigua al determinar qué debe entenderse por el concepto de dependientes debido a una tautología, argumentos que no fueron aceptados por el Legislativo, que insiste que la categorización originalmente contenida dentro del proyecto de ley era apropiada para los fines de la iniciativa.